La Especializacón en Educación Especial e Inclusión Social de la Universidad de Pamplona tiene pertenencia y se enmarca dentro de las políticas establecidas por la Ley Nacional de Educación (30 de 1992). La Educación Especial e Inclusión Social es un área del conocimiento de carácter universal, y en nuestra institución se desarrolla dentro de un marco de libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Este programa fue creado mediante el Acuerdo No. 103 del 16 de agosto de 2005. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional otorgó el Registro Calificado para su oferta en la sede de Pamplona, según la Resolución No. 16961 del 22 de agosto de 2016. El plan de estudios de la especialización es coherente con los lineamientos del Ministerio de Educación y cumple con los requisitos establecidos para el registro calificado, verificando las condiciones de calidad. El 14 de diciembre de 2023, a través de la Resolución No. 024120 del Ministerio de Educación Nacional, se renovó el Registro Calificado de la Especialización, en modalidad presencial, por un período de siete años.

Cabe destacar que los deberes y derechos de los estudiantes de posgrado se rigen por el Reglamento de Posgrados, establecido en el Acuerdo No. 064 del 10 de septiembre de 2002. La organización y estructura curricular del programa siguen los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 041 del 25 de julio de 2002 del Consejo Superior Universitario, y el Acuerdo No. 103 del 16 de agosto de 2005 regula la cantidad de créditos que deben tener los programas de posgrado.

A lo largo de sus 64 años de historia, la Universidad de Pamplona ha desarrollado un capital humano de alta calidad y cobertura, en cumplimiento de los artículos 69 y 339 de la Constitución Nacional. Además, ha diseñado e implementado alianzas estratégicas regionales que garantizan el fortalecimiento de los valores, la sensibilidad social y el sentido de pertenencia hacia las realidades y necesidades de la comunidad del nororiente colombiano. Este compromiso se alinea con las nuevas políticas públicas orientadas al desarrollo humano regional, y representa un imperativo ético prioritario en el contexto de la gestión y distribución social del conocimiento, así como en su interrelación con el Estado y otras entidades locales y regionales.